El gobierno de Donald Trump revela las nuevas directrices para deportar de Estados Unidos a más inmigrantes indocumentados

Unos 11 millones de personas están en la mira.

El gobierno de Donald Trump difundió este martes una serie de nuevas directrices con miras a ampliar el número de inmigrantes ilegales que puede deportar y acelerar su salida del país.

Si con Barack Obama era prioritario deportar a autores de delitos graves, a partir de ahora lo será a quienes hubieran cometido cualquier tipo de delito, cometido fraude en un trámite oficial, sean considerados una amenaza para la seguridad pública o hubieran abusado de beneficios sociales.

Eso sí, el gobierno de Trump mantiene las medidas de protección aprobadas durante el gobierno de Barack Obama para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños.

Expertos señalan que con las nuevas instrucciones, prácticamente todos los extranjeros indocumentados presentes en el país, estimados en 11 millones, pueden verse afectados.

Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la nueva normativa, advirtiendo que tendrá un efecto negativo sobre los derechos de los inmigrantes.

Expulsiones expeditas
Las nuevas directrices implican una expansión de las expulsiones expeditas, que permiten a los agentes de inmigración y aduanas y a la guardia fronteriza deportar a los inmigrantes de forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración.

A US Border Patrol agent apprehends an undocumented immigrant near Falfurrias, Texas, on 25 July 2014

Las expulsiones expeditas ya no estarán limitadas a quienes sean detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera.

Usualmente estas medidas se aplican a personas que hayan cometido fraude al intentar ingresar en Estados Unidos o que no disponen de una visa o de un permiso de ingreso válido.

Sin embargo, hasta ahora sólo se sometía a las expulsiones expeditas a personas que hubieran entrado a Estados Unidos en los últimos 14 días y que se encuentren en un área de 160 kilómetros de distancia de la frontera. A partir de ahora, podrán afectar a quienes hayan ingresado en el país en los últimos dos años, independientemente de en cuál lugar de Estados Unidos se encuentren.

“Con excepciones extremadamente limitadas, no eximiremos a clases o categorías de extranjeros susceptibles de expulsión de la posible aplicación (de la norma)“, dijo el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sometidos a procedimientos que pueden llevar hasta su expulsión de Estados Unidos”, agregó.

Contrataciones

Según escribió el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en la normativa: “El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa para Estados Unidos”.

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Un funcionario de Migración verifica un pasaporte en un aeropuerto de Estados Unidos.

Para cumplir con estas tareas adicionales, el DHS prevé contratar unos 10.000 funcionarios adicionales.

Las nuevas directrices están incluidas en dos memorandos que fueron divulgados este martes.

En ellos se propone a las autoridades enjuiciar a los padres que ayuden a que sus hijos entren ilegalmente en Estados Unidos.

La normativa pone fin a la política de “capturar y liberar” que hasta ahora permitía soltar a quienes eran atrapados entrando ilegalmente al país a la espera de ser procesados por un juez de inmigración. A partir de ahora, quienes sean detenidos serán enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.

También permite el inicio de la tareas de planificación de la expansión del muro fronterizo con México prometido por Trump durante su campaña electoral.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que el objetivo de las nuevas directrices sea un proceso de deportaciones masivas.

Señaló que los memorandos emitidos por el DHS lo que persiguen “la ejecución fiel y eficiente de las leyes migratorias de Estados Unidos”.

“Un desastre”

La nueva normativa no ha sido bien recibida por las organizaciones de derechos humanos que hacen seguimiento del tema migratorio.

Manifestación a favor de la liberación de Daniel Ramírez Medina, un

“Las expulsiones expeditas serán un desastre en materia de derechos humanos”, afirmó en su cuenta de Twitter, Clara Long, investigadora especializada en temas de migración y política fronteriza del programa para Estados Unidos de la ONG Human Rights Watch.

Estos memorandos confirman que el gobierno de Trump está dispuesto a pisotear el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso las protecciones a los niños vulnerables en pos de una política hiperagresiva de deportación masiva”, dijo en un comunicado Omar Jadwat, director del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Sin embargo, el presidente Trump no tiene la última palabra aquí. Los tribunales y el público no permitirán que se haga realidad este sueno no americano”, agregó

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